Hace una década la ciudad de Tampico, en el noreste de México, vivía en estado de zozobra: la gente se encerraba tras el atardecer, el ausentismo escolar y universitario era frecuente y viajar en carretera, en palabras de algunos tampiqueños, "era lo mismo que un suicidio".

Hoy, Tampico y sus dos municipios vecinos, Madero y Altamira, componen una de las zonas urbanas más seguras de México, un país que no ha logrado contener la violencia perpetrada por el crimen organizado.

La crisis de violencia se acentuó durante la transición en los poderes locales y nacionales a principios de octubre. Es el principal desafío del nuevo gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Y la experiencia de Tampico, una ciudad portuaria en la costa del Golfo de México, puede servir como modelo para abarcar la crisis de homicidios, secuestros y extorsiones que sufre el país.

De hecho, algunas de las propuestas de Sheinbaum van en la línea de lo que sirvió acá: prevención del crimen, coordinación entre policías y fiscalías y mejores sistemas de denuncia.

Pero en Tampico todo empezó cuando la ciudadanía se hartó.

"A nuestra industria nos tocó en 2009", dice Jorge, un empresario del camarón que pidió el anonimato por temor a represalias.

"Nos agarraron de pechito. Uno por uno, nos empezaron a secuestrar por uno o dos días. Te pedían dinero o te llevaban a una notaría cómplice o forzada para que entregaras tus propiedades".

Aunque lo peor de la crisis ya pasó, dice, el miedo persiste porque muchas de las causas del crimen no se han resuelto.

"Me tocó entregar un barco después de que a un amigo y colega lo secuestraron (lo sacaron de su negocio, lo golpearon y lo tuvieron todo un día) y le dijeron que al día siguiente iban por mí y que si escapaba lo iban a agarrar de nuevo, entonces yo, digamos, me entregué".

Así era la situación hace una década. Los tampiqueños se autoimpusieron un toque de queda por las noches. Se reportaban 30 secuestros al mes y 100 homicidios al año. Era una de las ciudades más peligrosas del país.

¿Qué fue, entonces, lo que cambió, si el Estado de Tamaulipas, donde se encuentra Tampico, sigue siendo escenario clave del crimen en México?

Son las 7 de la mañana de un viernes de julio. Llueve a cántaros en Tampico tras una época de sequía histórica. A un salón amplio y frío de la Marina empiezan a llegar generales del ejército, comandantes de la policía, fiscales, rectores de universidades y empresarios: un total de 40 personas que componen la Mesa de Ciudadana de Seguridad y Justicia de la Zona Sur de Tamaulipas.

Es la reunión que hacen todos los meses desde hace 10 años. Hablan uno por uno. Se controvierten. Argumentan. Critican.

Pero los números que se ven en las pantallas hablan de una situación envidiable para cualquier ciudad de México, incluso de América Latina: en el último mes hubo cero homicidios, cero secuestros y dos extorsiones, cifras que llevan seis años más o menos iguales, y evidencian una historia de éxito en la contención del crimen.

Luis Apperti es uno de los fundadores de la Mesa. Empresario por décadas de la boyante industria del plástico en la zona, hace 15 años se alió con otros empresarios para luchar contra el crimen que mató a dos de sus sobrinos y secuestró a varios de sus colegas empresarios.

“Cuando la sociedad civil se organizó para enfrentar el crimen, nos dimos cuenta que no podíamos resolverlo todo, entonces nos quisimos enfocar solo en una de las causas del crimen”, asegura.

Esa causa era, más que la pobreza y la falta de oportunidades, la corrupción.

“Era tal el nivel de cooptación de las autoridades por parte del crimen organizado, que tú no podías denunciar, porque en el camino de denunciar ya eran informados los malos y te interceptaban en el camino”, dice Apperti.

Con la idea de interrumpir la filtración de información oficial, la Mesa lanzó su propio Observatorio de datos de la seguridad, recolectó grandes sumas de dinero para robustecer le infraestructura policial y puso, en alianza con sectores de las Fuerzas Armadas, un centro de denuncias independiente de los usuales.

A eso se añadió el involucramiento de las autoridades judiciales al proceso policial, algo que antes no ocurría o estaba mediado por la corrupción.

Y con eso, según Apperti, cambiaron el panorama: “En tres años ya habíamos triplicado el número de policías, en cinco años ya habíamos logrado la primera meta de cero secuestros y hace seis años logramos la segunda meta de ser una de las ciudades más seguras del país”.

¿Cómo puede ser que una innovación metodológica, de apego a la información fidedigna y secreta, logre evitar un secuestro o un homicidio?

Por dos cosas, dice Apperti: “Si tienes información de calidad, las autoridades judiciales y policiales pueden hacer su trabajo con eficiencia, pero además, y quizá más importante, todo esto generó un sentido de pertenencia en la comunidad hacia la Mesa; todos tenemos que trabajar por esto, así que la gente se activó, empezó a denunciar y se creó la idea de que no puedes ser pasivo ante el crimen”.

Cuando la crisis tocó fondo, hace poco más de una década, los tampiqueños salieron a protestar en la calles vestidos de blanco. Cada año replicaron la marcha. Y con el tiempo la gente pasó de vivir encerrada, ensimismada, a disfrutar de sus plazas y parques con la idea de que el crimen es un problema que entre todos deben resolver.

Willy Zúñiga lleva 20 años dedicado a entender y luchar contra el crimen desde diferentes roles: como policía, como fiscal y, ahora, como rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, una academia de formación de policías, que es otra de las innovaciones de la Mesa.

“Es difícil explicarte lo complicada que era la situación —dice—, porque no solo la policía no tenía ni la infraestructura ni el personal necesarios para atenderla, sino que había una entendible crisis de credibilidad hacia las instituciones”.

Y fue ahí que el rigor metodológico de la Mesa imprimió un sello: “Las mesas ciudadanas nos ayudaron en el reclutamiento de psicológicos, enfermeros, telemáticos que sabían procesar la información y generaban confianza con la ciudadanía. Y eso permitió tener especialización, mejores perfiles policiales y coordinación institucional”.

Tanto para Apperti como para Zúñiga la experiencia de Tampico sirve para demostrar que la violencia generada por el crimen tiene soluciones concretas más allá de la lucha contra la pobreza o el desempleo, que es la premisa bajo la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abordó el tema.

Aunque Sheinbaum quiere continuar con la estrategia de atender las causas del crimen, su plan de Seguridad contempla, como pasó en Tampico, un fortalecimiento de la inteligencia, la creación de una academia y mejores sistemas de coordinación de datos y denuncias.

Apperti iniste: “Prevenir un delito es un océano muy difícil de navegar, porque depende de políticas públicas que reduzcan la marginación, la necesidad y la falta de oportunidades, y eso es algo que nosotros no podemos hacer”.

Tamaulipas, además, sigue siendo uno de los Estados más vulnerables al crimen, puesto que es frontera con Estados Unidos, está dentro de las rutas del narcotráfico y los migrantes, y tiene presencia de varios grupos delincuenciales.

Tampico, entonces, es una isla dentro del mar del crimen. Una isla que, sin embargo, ha logrado crear un oasis de seguridad gracias a una sola cosa: la credibilidad.

“Nosotros no somos el Estado y no podemos acabar con el narco”, dice Apperti. “Lo que sí podemos hacer es crear un entramado institucional confiable que involucre a la comunidad, que haga culto de la denuncia, y así las autoridades puedan hacer su trabajo”.

Por eso poner una "universidad de la seguridad", la más importante de México en la materia, es el gran orgullo de los miembros de la Mesa.

O en palabras de Zúñiga: “No es solo una academia de policías, sino un semillero del mejor recurso humano con sentido común, alto sentido humanista y de servicio a la sociedad”.

Y es eso, asegura, “lo que permite que tú puedas confiar en tu policía y así entre todos luchar contra el crimen”.

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